jueves, 24 de junio de 2010

Declaraciones

Solidaridad con Bolivia por una democracia pluriétnica

Organizaciones de Derechos Humanos de varios países del mundo se solidarizan con el gobierno de Evo Morales, con los indígenas y en general con el pueblo boliviano. Ante la crítica situación, se desarrolla campaña mundial para recoger firmas de apoyo a la causa indígena, pluriétnica y popular, y al presidente Morales.
Se denuncian constantes atropellos y vejaciones contra defensores de DDHH en ese país. Por favor envíe sus mensajes de apoyo a xxsebastian@gmail.com
El texto del comunicado difundido por organizaciones de derechos humanos, señala:
“Con mucha preocupación hemos recibido múltiples denuncias sobre los hechos de violencia ocurridos en el Oriente de Bolivia que han cobrado la vida de una decena de ciudadanos y amenazan la unidad del país.
Son también alarmantes las informaciones recibidas sobre agresiones perpetradas contra defensores de Derechos Humanos y dirigentes indígenas en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y la destrucción de sus oficinas, como los enfrentamientos en barrios marginales de las capitales del Oriente.
En las últimas horas tomamos conocimiento de la muerte de ciudadanos bolivianos en el departamento amazónico de Pando en enfrentamientos armados.
Se conocieron las denuncias de tomas violentas y destrucción de oficinas públicas en varias ciudades del Oriente de Bolivia, la empresa de teléfonos del Estado Entel, la toma de las instalaciones de provisión de combustible (gas y petróleo), el bloqueo de carreteras, el asalto a mercados populares, enfrentamientos armados en los barrios populosos Villa 1º de Mayo y Plan 3.000, persecución de quienes estas prefecturas consideran sus “enemigos”, toma de oficinas públicas en Trinidad, capital de Beni, como el asalto y destrucción de las oficinas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos indígenas de esas regiones, tales como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
Asimismo, fueron tomadas y saqueadas las oficinas de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). Estas acciones han estado acompañadas de amenazas y agresiones a funcionarios, dirigentes y sus familias.}

Con indignación recibimos la información de que fue asaltada y totalmente destruida la repetidora del canal 7 de Televisión Boliviana (TVB) en Santa Cruz, cuya señal está interrumpida hasta ahora. Con asombro hemos conocido que los principales medios de comunicación populares y alternativos debieron ser cerrados ante las amenazas de destrucción formuladas por grupos de choque obedientes a las prefecturas y los comités cívicos.
Con alarma y zozobra hemos visto y leído que estos actos de violencia fueron promovidos, secundados y públicamente justificados por autoridades regionales del Oriente boliviano, legal y constitucionalmente responsables de garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales de las personas en las regiones aludidas, amenazando, además, con nuevos hechos de violencia.
Expresamos nuestro más absoluto repudio a que ciudadanos bolivianos defensores de derechos humanos y dirigentes indígenas se encuentren en completo estado de indefensión y tengan que declararse en la clandestinidad, en un régimen democrático, por defender sus derechos.
Hacemos un llamado a las autoridades que promueven estos hechos para que depongan sus actitudes violentas y asuman sus responsabilidades constitucionales y legales que les corresponden, garantizando los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía.
Inquieta a la comunidad internacional que actúen con impunidad los autores y cómplices de estos atentados. Manifestamos nuestro temor por el derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas de estos atentados planificados.
Como instituciones y personas interesadas en la protección y defensa de los Derechos Humanos, solicitamos al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales y municipales del Estado boliviano dar aplicación estricta a los instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
Exigimos la entrada en vigencia de los instrumentos legales internacionales a los que el Estado de Bolivia está suscrito, ante esta ola de conflictos que han cobrado la vida de conciudadanos y la destrucción de bienes nacionales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas y campesinos. Exhortamos respetuosamente a las autoridades constituidas a cumplir las siguientes acciones:
Instar a las autoridades nacionales y regionales a que convoquen el cese de toda actitud de violencia contra las personas y los bienes públicos y privados.
Garantizar el derecho a la vida e integridad personal, a la libertad de asociación, al trabajo, al libre pensamiento y expresión.
Adoptar de manera urgente todas las medidas de protección, necesarias y adecuadas para garantizar la vida e integridad de las víctimas de estos nefastos acontecimientos.
Investigar las agresiones violentas perpetradas contra las víctimas y procesar penalmente a todos los implicados como autores intelectuales, materiales, cómplices o instigadores de estas acciones, especialmente a las autoridades públicas y a los representantes y miembros de organizaciones gremiales y cívicas que pudieran estar involucrados.
Asumir acciones efectivas, por parte de las autoridades del Estado, para prevenir nuevas violaciones de Derechos Humanos en el Oriente boliviano, tales como resguardos policiales eficientes, protección a las sedes de trabajo y otras en el marco de sus competencias.
La comunidad internacional estará atenta al curso de los acontecimientos, especialmente en el Oriente boliviano”


Segunda Declaración de Rivas

Asamblea de los Movimientos Sociales
Reunida durante el
III Foro Social Mundial de las Migraciones

Hoy, cuando conmemoramos los sesenta años de la Nakba palestina, los 20 años del inicio de las muertes en el Estrecho de Gibraltar, los 35 años del golpe militar contra el gobierno democrático de Salvador Allende; cuando esa misma legitimidad está gravemente amenazada en Bolivia y convoca nuestra conciencia y solidaridad, y cuando celebramos los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros, mujeres y hombres que somos parte de más de dos mil movimientos y organizaciones sociales de noventa países del planeta, nos reunimos en Rivas Vaciamadrid (España), del 11 al 14 de septiembre de 2008, bajo el lema
NUESTRAS VOCES, NUESTROS DERECHOS, POR UN MUNDO SIN MUROS

Nuestras Voces
Somos personas y organizaciones de migrantes, desplazados/as y refugiados/as; víctimas del tráfico de seres humanos y la trata; somos también movimientos y organizaciones sociales trabajando junto a ellos; somos sujetos individuales y colectivos que, preocupados por el hecho migratorio comprendido en su integralidad, nos hemos ocupado de desarrollar acciones comprometidas con la transformación radical de las condiciones en las que los seres humanos se han visto obligados a migrar, desplazarse o refugiarse.
Nosotras, las personas migrantes, desplazadas y refugiadas y nuestras organizaciones, nos constituimos en un nuevo sujeto político y en una fuerza social mundial que se consolida en este III Foro Social Mundial de las Migraciones. Por todo lo anterior y con legítimo derecho, levantamos nuestras voces para decir:
No al creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta a la mayoría de las personas del planeta, en el norte como en el sur global y que impacta de manera especial a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas de los diferentes continentes, y muy especialmente las de los pueblos palestino, saharaui, colombiano, sudanés e iraquí y a las políticas cómplices de Estados Unidos, Europa y España en particular.
No a las migraciones forzadas de los pueblos indígenas como resultado de la expropiación de sus tierras y de los megaproyectos agroindustriales, que traen como consecuencia el desarraigo y la destrucción de sus culturas.
No a las diferentes manifestaciones de racismo en contra de las personas y comunidades migrantes en todos los continentes y particularmente, en contra de las personas de África Negra y la comunidad latina en los Estados Unidos
No a la reproducción y el fortalecimiento de un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización de las migraciones, profundiza aun más la asimetría de género ya existentes, y se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otros en condiciones de esclavitud.
No a los proyectos que estigmatizan, segmentan y excluyen a las personas migrantes y sus familias y deterioran el tejido social comunitario y organizativo. Rechazamos la pretensión de transformar las remesas en sustituto de políticas estatales de desarrollo en los países de origen y en refuerzo al circuito financiero del capital, ampliando aún más las históricas asimetrías sociales, políticas, económicas y culturales.
No al discurso mediático convencional que desde los estereotipos, refuerza la criminalización y la victimización de las personas migrantes como discurso hegemónico; a la xenofobia, la discriminación y el racismo que se propaga desde ellos y que acrecienta esas conductas y prácticas en las sociedades y países de tránsito y destino de personas migrantes.
No a la globalización capitalista, neoliberal, concentradora y excluyente, depredadora del ser humano y de la naturaleza y que en su conjunto representa la causa fundamental de las migraciones contemporáneas.

Nuestros Derechos
Somos sujetos que nos hacemos cargo de procesos; analizamos e interpretamos la compleja realidad del hecho migratorio, desde el lugar del ser humano, su dignidad y la integralidad de nuestros derechos humanos; imaginamos y ponemos en marcha iniciativas múltiples y diversas y apostamos por nuestro protagonismo histórico, por la construcción de otra realidad:

En las condiciones actuales del capitalismo mundial, las personas migrantes somos una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. Situación que se profundiza por la sincronía de una crisis mundial, multidimensional: económica, ambiental, alimentaria y energética.
La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, como la directiva europea de “la vergüenza”, y otras leyes públicas y disposiciones oficiales similares, son una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana.
Insistimos en que los acuerdos laborales bilaterales y regionales inspirados en el modelo filipino de programas temporales de trabajadores huésped que, al impedir el arraigo, anula cualquier posibilidad de reivindicar sus derechos, propiciando la sobreexplotación y deshumanización de las personas trabajadoras, cumplan plenamente con las obligaciones establecidas en los convenios 97 y 143 de la OIT; sin lo cual se profundiza el deterioro integral del Trabajo Humano, con pérdida de su valor salarial, social y jurídico, convirtiendo a las personas migrantes en mercancías.
Afirmamos la necesidad de defender, reivindicar, extender, frente al trabajo forzado, esclavo y precario, el trabajo digno para una vida digna, que integre libertad, igualdad de trato y contraprestaciones negociadas adecuadas para todas las personas trabajadoras.
Valoramos las iniciativas de economía solidaria que fortalecen el tejido asociativo y contribuyen a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas. Rechazamos su utilización como instrumento para negar el derecho a migrar.
Promovemos la ciudadanía universal y ratificamos el derecho de las personas a la libre movilidad como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por un mundo sin muros
Un mundo sin muros es una condición esencial para construir otro mundo posible; el cumplimiento pleno de los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una exigencia y nos compromete a continuar en nuestra lucha por los derechos de todas las personas migrantes.

Por ello exigimos:
La firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias por parte de los Estados que no lo han hecho. Saludamos a los Estados que la han ratificado y demandamos adecuen su marco normativo nacional a las exigencias de la Convención. Saludamos el compromiso por parte de los gobiernos municipales iniciado por el gobierno de Rivas Vaciamadrid de trabajar en la campaña a favor de la ratificación.
El establecimiento de un mandato o procedimiento especial dentro del sistema de la ONU para suplir los vacíos en los instrumentos existentes de protección de las personas migrantes, CMW (Comité de Trabajadores Migratorios), relator especial, ACNUR y el representante especial para las personas desplazadas internas.
La derogación de la directiva de retorno de la UE, así como de todos los instrumentos legales que permiten la detención de migrantes en el mundo; el desmantelamiento del Frontex y de todos los dispositivos policiales y militares que securitizan las políticas migratorias y la fiscalización por parte de organizaciones sociales de los centros de internamiento, hasta su cierre definitivo.
Que las fronteras del mundo dejen de ser espacios de impunidad en los que las personas migrantes son objeto de todo tipo de violaciones, crímenes y obligados a asumir riesgos que ponen en peligro su vida. Demandamos que los países de origen, tránsito y destino, asuman su responsabilidad para revertir esta situación.
La regularización de todas las personas migrantes sin papeles en todo el mundo.
El reconocimiento de otras formas de persecución y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.
La denuncia de todos aquellos convenios de expulsión, generalmente impuestos a los Estados de origen o tránsito, que a menudo conllevan graves violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes.
La anulación de los acuerdos y cláusulas de re-admisión y el cese de toda negociación de acuerdos de este tipo entre la Unión Europea y los países terceros y entre los países terceros.
La promoción de las personas y comunidades migrantes para que se organicen, se rebelen, denuncien toda forma de dominación y explotación y hagan valer sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo.
El cumplimiento de la legislación internacional que garantiza la protección adecuada de los niños y niñas que son parte importante de los flujos migratorios internacionales.
La incorporación en nuestras luchas de la reivindicación de una justicia medio ambiental y el reconocimiento y protección jurídica de los refugiados que provoca el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, urgiendo un nuevo orden mundial que promueva la dignidad humana de todas las personas, en sintonía con las potencialidades de nuestro planeta tierra.
La aplicación de políticas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades profundizando mecanismos de inclusión que no dependan de la situación administrativa de las personas migrantes; de políticas que integren, en los servicios públicos, la diversidad cultural de las personas migrantes en los servicios públicos; de políticas a largo plazo para la integración de los jóvenes y para el avance en la equiparación de derechos para los colectivos migrantes de LGTB y sus familias.
El derecho al voto en el ámbito municipal y la participación activa en la definición de los planes locales de desarrollo y el respeto a la autonomía de las organizaciones y movimientos sociales, de tal manera que el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas migrantes sea efectivo.
La participación política del migrante para incidir, tanto en la política interna como en la política externa, de un país de llegada, a favor de su país de origen, visibilizando los beneficios que las personas migrantes traen, constituyéndose en sujetos activos.

La continuación del proceso de redacción colectiva de la Carta de los Migrantes así como la de todos aquellos procesos e iniciativas que signifiquen el fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes.
La multiplicación y fortalecimiento de medios de comunicación democráticos, incluyentes que, desde las voces de las personas y comunidades migrantes, reflejen adecuadamente la complejidad de la migración.
Queremos recuperar la dimensión del sujeto humano, de la dignidad humana evitando que la lógica mercantil afecte nuestra relación como movimientos sociales. Asumir que nuestra identidad como migrantes, refugiados y desplazados no niega nuestras otras múltiples identidades y luchas.
Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Levantemos nuestras voces, defendamos nuestros derechos, luchemos juntos por construir un mundo sin muros.
Rivas Vaciamadrid, septiembre 13 de 2008.

MST atribuye victoria política contra represión al apoyo social
http://www.radioagencianp.com.br/
El Ministerio Público (MP) del estado de Río Grande do Sul, en la región sur brasileña, elaboró, en diciembre del último año, un informe que exigía la disolución del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). El documento suponía una serie de acciones de represión por parte de la Brigada Militar, como el cierre de escuelas en los asentamientos y desalojo de trabajadores asentados. Pero, en nota divulgada a la prensa, el movimiento cree que revertió tal cuadro.
Las denuncias contra la represión llegaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el Alto Comisariato de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Secretaría Especial de Derechos Humanos del gobierno federal. El Consejo Nacional de Protección a la Persona Humana creó una comisión especial y visitó el estado de Río Grande do Sul.
De acuerdo con el integrante de la coordinación nacional del MST en Río Grande do Sul, Cedenir de Oliveira, el apoyo recibido en manifestaciones públicas, de organizaciones sociales brasileñas y extranjeras, de parlamentarios, entre otros, fueron fundamentales para el cambio de la situación.
“A partir de esas denuncias que hicimos de lo que ocurría aquí en Río Grande do Sul, hubo una presión muy fuerte, de nivel nacional e internacional sobre el Ministerio Público, en función del acta que ellos habían redactado. Lo que ocurrió fue que ellos la redactaron nuevamente y volvieron atrás en la pretensión de pedir la disolución del movimiento. En ese momento hubo una victoria política.”
Sin embargo, Cedenir afirmó que el movimiento sigue atento, pues, aunque el Ministerio Público haya revisto su posición, el promotor Gilberto Thums sigue afirmando que la ofensiva sobre las organizaciones continuará. Ocho integrantes del MST aún están siendo procesados con base en la Ley de Seguridad Nacional.

De San Pablo, Brasil, de la Radioagencia NP, Silvia Adoue.
Semana del 29 de Septiembre.

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